{"id":1453,"date":"2007-06-10T15:33:21","date_gmt":"2007-06-10T14:33:21","guid":{"rendered":"http:\/\/revistaconsell.com\/?p=1453"},"modified":"2020-05-11T18:23:54","modified_gmt":"2020-05-11T17:23:54","slug":"el-impago-del-ibi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/el-impago-del-ibi\/","title":{"rendered":"El impago del IBI"},"content":{"rendered":"\n\n\n\t
\n\n\t\t<\/i><\/span> PDF<\/a>\n\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\n

Como causa de resoluci\u00f3n de los arrendamientos concertados con anterioridad al 1 de enero de 1995<\/p>\n\n\n\n

El tema ha venido siendo, por lo menos hasta ahora, objeto de pol\u00e9mica, siquiera la doctrina general y la jurisprudencia de las Audiencias se inclinaban por la tesis de que el impago del IBI, aunque se hubiese pactado como causa de resoluci\u00f3n, no lo era en aquellos contratos anteriores al 1-1-1995, fecha en que entra vigor la nueva LAU de 24-11-1994.<\/p>\n\n\n\n

Hemos de reconocer sin embargo, que Fuentes Lojo al comentar este problema en la p\u00e1gina 2.765 de su \u201cNov\u00edsima Suma de Arrendamientos Urbanos\u201d no entend\u00eda por qu\u00e9 la resoluci\u00f3n no deb\u00eda prosperar, al constituir el IBI un concepto m\u00e1s en el recibo de la renta. Asimismo en una encuesta que sobre el tema se efectu\u00f3 por la Revista Sepin, algunos de los encuestados como Albar Garc\u00eda, Barcala Fern\u00e1ndez de Palencia, Ferrer Guti\u00e9rrez, Garc\u00eda S\u00e1nchez, Garc\u00eda Varela y Gonz\u00e1lez Poveda, se inclinaron tambi\u00e9n por la misma tesis; y algunas Audiencias llegaron tambi\u00e9n a la posibilidad de la resoluci\u00f3n y entre ellas la Secci\u00f3n 18\u00aa de Madrid (Sentencia de 14\/7\/200), la Secci\u00f3n 4\u00aa de la Audiencia de Asturias (Sentencias de 18\/9\/1998 y 13\/3\/2000) y la Audiencia Provincial de Santander en su Sentencia de fecha 5 de julio de 2001.<\/p>\n\n\n\n

Lleva tambi\u00e9n a considerar que la causa resolutoria del art\u00edculo 114.1\u00aa de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ha de comprender actualmente el impago por parte del arrendatario del impuesto de bienes inmuebles.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

La sentencia de la Sala 1\u00aa del TS de 12\/1\/2007, viene a resolver definitivamente el problema al declarar como doctrina jurisprudencial, y copiamos literalmente:

\u201c(\u2026) Cuando la causa 1\u00aa del art\u00edculo 114 se refiere a cantidades asimiladas a la renta est\u00e1 aludiendo a aquellas cuyo pago ha de asumir el arrendatario por mandato legal, empleando una f\u00f3rmula abierta que ha de ser completada con las que en cada momento establezca la legislaci\u00f3n aplicable. Si bajo la vigencia del texto refundido de 1964 eran, en determinados supuestos, las correspondientes a diferencias en el coste de servicios y suministros y las derivadas de la repercusi\u00f3n del importe de las obras relizadas por el arrendador, ahora la consideraci\u00f3n del texto de la nueva Ley lleva a estimar que esta nueva obligaci\u00f3n de arrendatario de satisfacer el importe del IBI ha de merecer igual consideraci\u00f3n, de forma que su impago, en cuanto supone el incumplimiento de una obligaci\u00f3n dineraria a\u00f1adida a la esencial, de abono de la renta, faculta al arrendador para instar la resoluci\u00f3n del contrato. Lo contrario supondr\u00eda forzar a dicho arrendador a emprender anualmente el ejercicio de una acci\u00f3n de reclamaci\u00f3n contra el arrendatario incumplidor de una obligaci\u00f3n de periodicidad anual de la que ha de responder mientras el contrato est\u00e9 vigente, cuyo car\u00e1cter peri\u00f3dico comporta su necesaria asimilaci\u00f3n a estos efectos a la obligaci\u00f3n, tambi\u00e9n peri\u00f3dica, de pago de la renta.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, la interpretaci\u00f3n de las normas conforme a su esp\u00edritu y finalidad (art\u00edculo 3 del C\u00f3digo Civil) lleva tambi\u00e9n a considerar que la causa resolutoria del art\u00edculo 114.1\u00aa de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ha de comprender actualmente el impago por parte del arrendatario del impuesto de bienes inmuebles, en tanto dicha norma tiende a proteger al arrendador frente a los incumplimientos del arrendatario respecto de obligaciones de inexcusable cumplimiento, como es \u00e9sta, y carecer\u00eda de sentido estimar que, impuesta dicha obligaci\u00f3n respecto de los contratos de arrendamiento de vivienda concertados tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, con efectos resolutorios por su incumplimiento (art\u00edculo 27.2 a), y extendida tal obligaci\u00f3n del arrendatario igualmente a los contratos anteriores regidos por la Ley de 1964, opere la resoluci\u00f3n para los primeros, en cuanto a los que el legislador dispensa una menor protecci\u00f3n, y no respecto de los segundos amparados por un derecho de pr\u00f3rroga indefinido, en los que la m\u00e1xima protecci\u00f3n concedida al arrendatario ha de verse correspondida por un escrupuloso cumplimiento de sus obligaciones. (\u2026)\u201d. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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