{"id":2307,"date":"2010-06-10T17:27:48","date_gmt":"2010-06-10T16:27:48","guid":{"rendered":"http:\/\/revistaconsell.com\/?p=2307"},"modified":"2020-06-02T11:37:46","modified_gmt":"2020-06-02T10:37:46","slug":"la-jurisprudencia-al-dia-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/la-jurisprudencia-al-dia-3\/","title":{"rendered":"La jurisprudencia al d\u00eda (82)"},"content":{"rendered":"\n\n\n\t
\n\n\t\t<\/i><\/span> PDF<\/a>\n\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\n

Tribunal Suprem<\/span><\/h2>\n\n\n\n

PROPIEDAD INMUEBLE GENERAL<\/h4>\n\n\n\n

Cofiador<\/h4>\n\n\n\n

El cofiador que paga tiene el derecho a  reclamar a los dem\u00e1s su cuota parte aunque  no haya cubierto la totalidad de la deuda  y aunque no haya alcanzado la totalidad  de su cuota; lo contrario ser\u00eda ir contra la  naturaleza y la funci\u00f3n de la norma, cuya  filosof\u00eda, al igual que el art\u00edculo 1145.2 CC,  es igualar las prestaciones de los conductores  o cofiadores solidarios, sin beneficiar  a alguno en perjuicio de otro. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 13-10-2009 TS, Sala 1.\u00aa, en el Recurso  1145\/2005; la Ley juris. 12677\/2009). <\/p>\n\n\n\n

Compraventa  <\/h4>\n\n\n\n

La parte que puede exigir la resoluci\u00f3n es  \u00fanicamente la que ha cumplido su obligaci\u00f3n  o est\u00e1 dispuesto a cumplirla, es decir,  el sujeto \u201ccumplidor\u201d, y no puede pretender  la resoluci\u00f3n si no ha cumplido su  rec\u00edproca obligaci\u00f3n, y as\u00ed lo ha reiterado  la jurisprudencia, como presupuesto b\u00e1sico  de los art\u00edculos 1124 y 1504 CC. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 19-11-2009 TS, Sala 1.\u00aa, en el Recurso  1017\/2005; la Ley Juris. 10107\/2010).<\/p>\n\n\n\n

Vivienda hipotecada en usufructo  <\/h4>\n\n\n\n

El titular del usufructo de una vivienda  hipotecada junto con la nuda propiedad  debe hacer la manifestaci\u00f3n de que la  finca no constituye vivienda familiar. <\/p>\n\n\n\n

(Resoluci\u00f3n jur. 3888\/2009, de 20 de diciembre). <\/p>\n\n\n\n

Incongruencia de la sentencia  <\/h4>\n\n\n\n

Se incurre en incongruencia tanto cuando  la sentencia omite resolver sobre alguna  de las pretensiones y cuestiones  planteadas en la demanda como cuando  resuelve m\u00e1s all\u00e1 de las peticiones de las  partes sobre pretensiones no formuladas,  y tambi\u00e9n cuando se promueve fuera  de las peticiones de las partes sobre  cuestiones diferentes a las planteadas  (incongruencia mixta o por desviaci\u00f3n). <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 8-10-2009 TS, Secc. 3.\u00aa, en el Recurso  984\/2003; la Ley 212\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Recurso de casaci\u00f3n  <\/h4>\n\n\n\n

La jurisprudencia ha limitado el acceso  a la casaci\u00f3n de los temas relativos a la  prueba a los siguientes supuestos: a)  infracci\u00f3n del art\u00edculo 217 LEC (la Ley  58\/2000), que puede inducirse por una  vulneraci\u00f3n de las reglas que rigen el  reparto de la carga de la prueba; b)  quebrantamiento de las formas esenciales  del juicio con indefensi\u00f3n de la  parte cuando, indebidamente, no se ha  recibido el proceso a prueba o se ha  inadmitido o declarado impertinente o  dejado de practicar alg\u00fan medio probatorio  en concreto que tenga relevancia  para la resoluci\u00f3n definitiva del proceso;  c) infracci\u00f3n o vulneraci\u00f3n de las normas  del ordenamiento jur\u00eddico relativas  a la prueba tasada o a la llamada prueba  de presunciones; d) infracci\u00f3n de las  reglas de la sana cr\u00edtica cuando la apreciaci\u00f3n  de la prueba se haya realizado  de modo arbitrario o irrazonable o conduzca  a resultados inveros\u00edmiles, que  puede hacerse valer por el mismo cauce  de infracci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico  o de la jurisprudencia, pues el principio  de tutela judicial efectiva de los derechos  e intereses leg\u00edtimos que consagra  el art\u00edculo 24 CE comporta que estos  errores constituyan vulneraciones del  citado derecho y por ende infracciones  del ordenamiento jur\u00eddico susceptibles  de fiscalizaci\u00f3n por el Tribunal Supremo;  e) infracci\u00f3n cometida cuando, al socaire  de la valoraci\u00f3n de la prueba, se realizan  valoraciones o apreciaciones err\u00f3neas  de tipo jur\u00eddico, como puede ser la  aplicaci\u00f3n a los hechos que se consideran  probados de conceptos jur\u00eddicos  indeterminados que incorporan las normas  aplicables; f) errores de tipo jur\u00eddico  cometidos en las valoraciones llevadas  a cabo en los dict\u00e1menes periciales,  documentos o informes, que, al ser  aceptados por la sentencia recurrida, se  convierten en infracciones del ordenamiento  jur\u00eddico imputables directamente  a esta; y g) cabe tambi\u00e9n integrar la  relaci\u00f3n de hechos efectuada por la  sala de instancia cuando, respetando la  apreciaci\u00f3n de la prueba realizada por  esta, sea posible tomar en consideraci\u00f3n  alg\u00fan extremo que figure en las  actuaciones omitido por aquella, el cual  sea relevante para apreciar si se ha cometido  o no la vulneraci\u00f3n del ordenamiento  jur\u00eddico o de la jurisprudencia  denunciada. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 9-12-2009 TS, Sala 3.\u00aa de lo Contencioso  Administrativo, Secc. 2.\u00aa, en el Recurso  9895\/2004; la Ley juris. 10289\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Aval a primer requerimiento y fianza  <\/h4>\n\n\n\n

El aval a primer requerimiento es una  modalidad especial de garant\u00eda de los  derechos de cr\u00e9dito, de naturaleza personal,  y at\u00edpica, aunque con pleno reconocimiento  por la doctrina jurisprudencial  con base en el principio de  autonom\u00eda contractual. Se caracteriza  por su autonom\u00eda e independencia \u2014no  accesoriedad, que le diferencia de la  fianza\u2014 de la obligaci\u00f3n garantizada y  del contrato inicial, de modo que su nota  m\u00e1s caracter\u00edstica es que el garante no  puede oponer al beneficiario, que reclama  el pago, otras excepciones que las  que derivan de la garant\u00eda misma. Esto  es, el garante est\u00e1 obligado al pago por  el simple requerimiento o solicitud del  beneficiario. La doctrina jurisprudencial  para evitar una ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda  abusiva o fraudulenta ha admitido la posibilidad  de paralizar la reclamaci\u00f3n del  beneficiario mediante la alegaci\u00f3n por  el garante de la exceptio doli. El avalista  puede oponer las excepciones derivadas  de la propia garant\u00eda, pues la obligaci\u00f3n  del garante no puede extenderse  m\u00e1s all\u00e1 de lo que constituye el  objeto de la garant\u00eda, as\u00ed como las que  se fundan en una clara inexistencia o  cumplimiento de la obligaci\u00f3n garantizada,  dado que, de no ser as\u00ed, se producir\u00eda  una situaci\u00f3n de enriquecimiento  injusto. Sin embargo, y sin perjuicio de  las acciones que puedan surgir en su  caso como consecuencia del pago de la  garant\u00eda, la carga de la prueba de la  inexistencia o del cumplimiento de la  obligaci\u00f3n garantizada incumbe al garante,  sin que pueda exigirse al beneficiario  que acredite el incumplimiento del  obligado principal. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 4-12-2009 TS, Sala 1.\u00aa, en el Recurso  1654\/2005; la Ley juris. 10222\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Contrato de compraventa  <\/h4>\n\n\n\n

La compra de todas las acciones de una  sociedad significa hacerse titular de la  misma, esto es que todos sus bienes,  derechos y obligaciones quedan bajo  control y uso y disfrute del adquirente,  pero el propietario de estas no es el adquirente,  sino la sociedad adquirida. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia de 21-12-2009 TS, Sala 1.\u00aa de lo  Civil, en el Recurso 1694\/2005; la Ley juris.  10327\/2010). <\/p>\n\n\n\n

PROPIEDAD HORIZONTAL Y COMUNIDAD DE BIENES<\/h4>\n\n\n\n

Letreros en establecimientos comerciales <\/h4>\n\n\n\n

Es evidente la necesidad de emplazar letreros  en los establecimientos comerciales;  si se instalan en la parte del propio  local, en los huecos de los escaparates,  en las ventanas, etc., no cabe la prohibici\u00f3n,  pues la explotaci\u00f3n comercial, con  el consiguiente reclamo, llamamiento al  p\u00fablico y publicidad, es inherente al propio  negocio; la salvedad a esta posici\u00f3n  puede tener lugar cuando los letreros  atenten contra la est\u00e9tica del edificio o  perjudiquen a otro propietario; as\u00ed sucede,  por ejemplo, en el supuesto de que en un  inmueble cl\u00e1sico se coloque un letrero  voluminoso con signos orientales u otros  similares, lo que, en definitiva, supondr\u00eda  un cambio significativo.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 15-10-2009 TS, Sala 1.\u00aa, en el Recurso  188\/2005; la Ley juris. 12727\/2009). <\/p>\n\n\n\n

Propiedad horizontal tumbada <\/h4>\n\n\n\n

La licencia en la propiedad horizontal tumbada  depende de la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica. <\/p>\n\n\n\n

(Resoluci\u00f3n DGR y N. de 3-12-2009; BOE de  19-1-2010). <\/p>\n\n\n\n

Actividades molestas <\/h4>\n\n\n\n

Los ayuntamientos son competentes para  imponer limitaciones a las actividades que  puedan potencialmente generar molestias  a los vecinos, entre ellas los locutorios. Limitaciones  que pueden consistir tanto en  la imposici\u00f3n de medidas correctoras como  en la fijaci\u00f3n de distancias entre los locales  donde se realicen, con el fin de evitar la  concentraci\u00f3n de determinadas actividades  en un mismo lugar y preservar el necesario  equilibrio entre los usos terciarios y el residencial.  Pero esta competencia, o facultad  municipal, debe basarse en la suficiente  motivaci\u00f3n y justificaci\u00f3n, as\u00ed como en la  proporcionalidad de la limitaci\u00f3n a los fines  que se pretenden conseguir. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 10-7-2009 TSJC, Sala de lo Contencioso  Administrativo, Secc. 3.\u00aa, en el Recurso  95\/2009; la Ley juris. 83\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Propiedad horizontal y Comunidad  de bienes <\/h4>\n\n\n\n

El art\u00edculo 350 CC establece que \u201cel propietario  de un terreno es due\u00f1o de su  superficie y de lo que est\u00e1 debajo de  ella, y puede hacer en \u00e9l las obras, plantaciones  y excavaciones que le convengan\u201d.  De aqu\u00ed debe deducirse que cuando  existan diversos copropietarios, todos  ellos estar\u00e1n beneficiados por la norma  que se acaba de reproducir, es decir, que  ser\u00e1n propietarios de la superficie y de  lo que est\u00e1 bajo ella. No puede admitirse,  en consecuencia, que cuando cada uno  de los comuneros tenga una actividad  econ\u00f3mica diferenciada se produzca una  especie de divisi\u00f3n en raz\u00f3n de las utilidades  econ\u00f3micas que la cosa proporciona  a cada uno de ellos. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 12-11-2009 TS, Sala 1.\u00aa, en el Recurso  1454\/2005; la Ley juris. 10021\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Barreras arquitect\u00f3nicas <\/h4>\n\n\n\n

El acuerdo de la comunidad de propietarios  en orden a la instalaci\u00f3n de una plataforma  de salva-escaleras para la supresi\u00f3n  de barreras arquitect\u00f3nicas es  v\u00e1lido. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia AP Valencia, Secc. 6.\u00aa de 1-7-2009;  la Ley 23-12-2009). <\/p>\n\n\n\n

Modificaci\u00f3n del t\u00edtulo constitutivo <\/h4>\n\n\n\n

La modificaci\u00f3n por v\u00eda judicial del t\u00edtulo  constitutivo de un edificio en r\u00e9gimen de  propiedad horizontal, aunque no haya  unanimidad, es posible si la oposici\u00f3n es  considerada como un abuso de derecho  o un ejercicio antisocial del mismo. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 19-12-2008 TS, Sala 1.\u00aa; la Ley 20-  2-2009). <\/p>\n\n\n\n

Instalaci\u00f3n del ascensor <\/h4>\n\n\n\n

En el supuesto debatido, si bien se considera  el acuerdo de distribuci\u00f3n de cuotas  de participaci\u00f3n en los gastos de  instalaci\u00f3n de ascensor como anulable  al no haber sido adoptado por unanimidad,  se ha acreditado que no fue impugnado  judicialmente en plazo legal ni fuera  de \u00e9l, y, por tanto, ha sido convalidado,  por lo que tiene eficacia y obliga a todos,  debido a que, por el transcurso del tiempo,  ha quedado subsanado. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 17-12-2009 TS, Sala 1.\u00aa de lo Civil,  en el Recurso 1550\/2005; la Ley juris.  10290\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Escritura de divisi\u00f3n horizontal <\/h4>\n\n\n\n

De ordinario, el promotor redacta y otorga  la escritura de divisi\u00f3n horizontal, con  la asignaci\u00f3n de la cuota de participaci\u00f3n  de cada piso, local o cualquier finca independiente  del edificio. En el supuesto  de que el promotor haya efectuado la  divisi\u00f3n y asignaci\u00f3n de cuotas cuando  hubiera transmitido pisos o locales en documento  privado, procede manifestar que,  conforme determina el art\u00edculo 5 LPH, no  es admisible ese otorgamiento, toda vez  que \u00e9l ya no es el due\u00f1o \u00fanico, am\u00e9n de  que la compraventa no requiere la solemnidad  de documento p\u00fablico, a tenor del  art\u00edculo 1280 CC, pero corresponde distinguir  si el contrato se ha consumado con  la entrega de la cosa, de conformidad con  el art\u00edculo 1462 CC, ya que en la primera  coyuntura no habr\u00e1 due\u00f1o \u00fanico, mientras  que en otro caso mantendr\u00e1 dicha condici\u00f3n.  Es evidente que, seg\u00fan reiterada  doctrina jurisprudencial, seguida en los  \u00faltimos tiempos, la formalizaci\u00f3n del contrato  en documento privado no genera  tradici\u00f3n instrumental y no acredita por s\u00ed  sola la efectiva transmisi\u00f3n patrimonial  pretendida y, al ser el promotor el \u00fanico  propietario, tiene el amparo del ordenamiento  jur\u00eddico para llevar a cabo la modificaci\u00f3n  del t\u00edtulo constitutivo de la divisi\u00f3n  horizontal. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 11-12-2009 TS, Sala 1.\u00aa de lo Civil,  en el Recurso 1710\/2005, la Ley juris.  10291\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Acta de la junta de propietarios <\/h4>\n\n\n\n

En la interpretaci\u00f3n de la redacci\u00f3n de la  LPH anterior a la reforma introducida por  la Ley 8\/1999, de 6 de abril, exist\u00edan dudas  acerca de si el cierre del acta de la  junta general de propietarios ten\u00eda que  ser firmado o no por todos ellos, si bien  destacada doctrina cient\u00edfica considerada  absurda la necesidad de la firma general,  que no era exigida en ninguna sociedad  mercantil, asociaci\u00f3n civil o administrativa,  ya que la prueba podr\u00eda ser \u00fanicamente  la r\u00fabrica hecha en cualquier documento,  con lo que sobraba el libro de actas; por  otra parte, esta singularidad ser\u00eda tanto  como obligar a todos los asistentes a que  se quedasen en el lugar donde se celebr\u00f3  la Junta, incluso a esperar durante horas  a que sea redactada y, luego, en su caso,  firmada o exponer su discrepancia. En  verdad, la STS 23-1-1991 dice que la firma  de los copropietarios asistentes a la  junta no est\u00e1 expresamente exigida por  la LPH, siendo en la praxis cotidiana de  las juntas, sobre todo en comunidades  numerosas, la costumbre de que sean  firmadas las actas solamente por presidente y secretario; en contra de esta  posici\u00f3n se sit\u00faan las SSTS 23-6-1983  y 11-11-1988. En la actualidad, no existe  duda alguna: el acta deber\u00e1 cerrarse con  las firmas del presidente y del secretario  al terminar la reuni\u00f3n o dentro de los diez  d\u00edas naturales siguientes \u2014art. 19.3 LPH,  seg\u00fan la modificaci\u00f3n de la Ley 8\/1999. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 22-12-2009 TS, Sala 1.\u00aa de lo Civil,  en el Recurso 1731\/2005; la Ley juris.  10304\/2010).<\/p>\n\n\n\n

Plazas de parking y trastero en s\u00f3tano <\/h4>\n\n\n\n

La ubicaci\u00f3n de unas plazas de parking y  trastero en el s\u00f3tano cuando estaba pactado  que se hallar\u00edan en la planta baja, es  evidente el da\u00f1o que produce por la mayor  facilidad de maniobra en la planta  baja, la peor ventilaci\u00f3n en la planta s\u00f3tano,  la mayor dilaci\u00f3n en el tiempo de aparcamiento  en el s\u00f3tano que en la planta  baja, y, simplemente, es hecho notorio que  las plantas de aparcamiento y los trasteros  son de mayor precio cuanto m\u00e1s cerca  del nivel de la calle se hallan. Por lo  que este da\u00f1o debe ser indemnizado.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia de 11-12-2009 TS, Sala 1.\u00aa de lo  Civil, en el Recurso 1245\/2005; la Ley juris.  10339\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Elemento privativo de beneficio com\u00fan  en el C\u00f3digo Civil de Catalu\u00f1a <\/h4>\n\n\n\n

Cabe la inscripci\u00f3n de un elemento privativo  de beneficio com\u00fan a favor de los  titulares de los elementos privativos en  proporci\u00f3n a su cuota y de manera inseparable  de la propiedad de su elemento  privativo concreto. <\/p>\n\n\n\n

(Resoluci\u00f3n DGR y N. de 22 de octubre de  2009). <\/p>\n\n\n\n

Gastos de una urbanizaci\u00f3n en la  Ley estatal  <\/h4>\n\n\n\n

El embargo por gastos de urbanizaci\u00f3n  requiere la previa inscripci\u00f3n del instrumento  de equidistribuci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

(Resoluci\u00f3n DGR y N. de 17-10-2009, en BOE  de 3-12-2009). <\/p>\n\n\n\n

PROPIEDAD VERTICAL Y ARRENDAMIENTO<\/h4>\n\n\n\n

Opci\u00f3n de compra y resoluci\u00f3n de  arrendamiento<\/h4>\n\n\n\n

 La posibilidad de resolver el contrato  por obras inconsentidas de la arrendataria  impide la validez de la opci\u00f3n de  compra. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 6-11-2009 TS, Sala 1.\u00aa, en el Recurso  286\/2005; la Ley juris. 1817\/2009). <\/p>\n\n\n\n

Duraci\u00f3n de los contratos de arrendamiento  despu\u00e9s del RDL 2\/1985,  de 30 de abril<\/h4>\n\n\n\n

Tras la publicaci\u00f3n del RDL 2\/1985, de  30 de abril (medidas de pol\u00edtica econ\u00f3mica),  los contratos de arrendamiento  de viviendas o locales de negocio celebrados  bajo su vigencia tendr\u00e1n la duraci\u00f3n  que libremente estipulen las partes.  Desapareci\u00f3 as\u00ed el sistema de  pr\u00f3rroga forzosa por el que los contratos  de esta naturaleza se prorrogaban  por imperativo legal \u2014art. 57 LAU 1964.  No obstante, nada impide que, si las  partes as\u00ed lo acuerdan y en virtud del  principio de libertad contractual consagrado  en el art\u00edculo 1255 CC, los arrendamientos  posteriores a la entrada en  vigor del RDL 2\/1985 puedan someterse  al r\u00e9gimen de pr\u00f3rroga forzosa establecido  en el art\u00edculo 57 LAU 1964.  Pero, en tal caso, es necesario que exista  un acuerdo expreso de sometimiento,  ya que, en caso contrario, hay que estar  a la norma general, a saber, la duraci\u00f3n  del contrato por el tiempo convenido. El  referido acuerdo, en general, debe existir  en el contrato expl\u00edcitamente, aunque  cabe deducir la existencia de sometimiento  del arrendador a la pr\u00f3rroga de  modo impl\u00edcito, que no t\u00e1cito, de los propios  t\u00e9rminos del contrato, pero, aun en  estos casos, es decir, sin que exista una  cl\u00e1usula espec\u00edfica, la deducci\u00f3n de duraci\u00f3n  indefinida debe ser clara y terminante. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 29-12-2009 TS, Sala 1.\u00aa de lo Civil,  en el Recurso 241\/2005; la Ley juris.  10354\/2010). <\/p>\n\n\n\n

EXPROPIACI\u00d3N FORZOSA

Expropiaci\u00f3n p\u00fablica: Informaci\u00f3n  p\u00fablica  <\/h4>\n\n\n\n

El tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica es preceptivo  tambi\u00e9n en el procedimiento de  urgencia. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 10-11-2009 TS, Sala 3.\u00aa, en el Recurso  1754\/2006; la Ley juris. 10125\/2010). <\/p>\n\n\n\n

DERECHO URBAN\u00cdSTICO<\/h4>\n\n\n\n

Suelo urbanizable o no urbanizable <\/h4>\n\n\n\n

En relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo  9 LRSV (la Ley 1489\/1998), la  decisi\u00f3n de clasificar una parcela como  suelo urbanizable o no urbanizable com\u00fan  es una decisi\u00f3n discrecional que no  puede ser sustituida por los tribunales. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 6-11-2009 TS, Sala 3.\u00aa de lo Contencioso  Administrativo, Secc. 5.\u00aa, en el Recurso  4222\/2005; la Ley juris. 107\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Planes urban\u00edsticos <\/h4>\n\n\n\n

Los planes urban\u00edsticos ostentan, con  ciertos matices, la naturaleza jur\u00eddica de  las disposiciones de car\u00e1cter general, raz\u00f3n  por la cual el art\u00edculo 70.2 LRBRL  obliga a publicar su normativa y ordenanzas  en el bolet\u00edn oficial de la provincia,  como presupuesto necesario para su entrada  en vigor.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 6-11-2009 TS, Sala 3.\u00aa de lo Contencioso  Administrativo, Secc. 5.\u00aa, en el Recurso  5591\/2005; la Ley juris. 106\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Memoria de un plan <\/h4>\n\n\n\n

No es exigible que la memoria del plan  contenga una pormenorizada explicaci\u00f3n  de todas las modificaciones que el nuevo  instrumento de planeamiento introduce. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 16-11-2009 TS, Sala 3.\u00aa de lo Contencioso  Administrativo, Secc. 5.\u00aa, en el Recurso  4243\/2005; la Ley juris. 162\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Estudio econ\u00f3mico financiero <\/h4>\n\n\n\n

Cuando la Sala ha afirmado que la importancia  del llamado estudio econ\u00f3mico financiero  ha sido devaluada por la jurisprudencia,  lo ha dicho en el sentido de que  para su validez no es necesario que consten  en \u00e9l las cantidades precisas y concretas  cuya inversi\u00f3n sea necesaria para  la realizaci\u00f3n de las previsiones del plan. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 4-12-2009 TS, Sala 3.\u00aa de lo Contencioso  Administrativo, Secc. 5.\u00aa, en el Recurso  6301\/2006; la Ley juris. 10267\/2010). <\/p>\n\n\n\n

DERECHO FISCAL

Inter\u00e9s de demora de una deuda  tributaria   <\/h4>\n\n\n\n

Resultan exigibles intereses de demora  por todo el tiempo transcurrido desde que concluy\u00f3 el plazo voluntario de ingreso  hasta que se satisfaga la deuda,  salvo que se haya producido la prescripci\u00f3n  del derecho al cobro del principal,  circunstancia que no cambiar\u00eda en el  caso de que se hubiera dictado una nueva  liquidaci\u00f3n de intereses en sustituci\u00f3n  de la anterior. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 17-9-2009 TS, Sala 3.\u00aa de lo Contencioso  Administrativo, Secc. 2.\u00aa, en el Recurso  9675\/2003; la Ley juris. 10211\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Intereses de demora en una deuda  tributaria<\/h4>\n\n\n\n

Conforme al art\u00edculo 58.2.c LGT de  1963, los intereses de demora integran  la deuda tributaria, por lo que la liquidaci\u00f3n  o, al menos, su notificaci\u00f3n, deb\u00edan  contener los elementos esenciales que  sirvieron para determinarlos por as\u00ed exigirlo  el art\u00edculo 124.<\/p>\n\n\n\n

(base de c\u00e1lculo,  per\u00edodo de tiempo, tipo de inter\u00e9s y, en  su caso, sus variaciones).  (Sentencia 26-10-2009 TS, Secc. 6.\u00aa, Sala 3.\u00aa,  en el Recurso 5661\/2003; la Ley juris.  10126\/2010). <\/p>\n\n\n\n

IVA <\/h4>\n\n\n\n

La indemnizaci\u00f3n percibida por el arrendatario  de un inmueble con ocasi\u00f3n de  una expropiaci\u00f3n, aunque en el mismo  desarrollase una actividad mercantil, no  est\u00e1 sujeta al IVA por la sencilla raz\u00f3n de  que la cantidad que percibe el beneficiario  de la expropiaci\u00f3n no constituye la  contraprestaci\u00f3n de la entrega de un  bien o por el disfrute de un servicio. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 2-11-2009 TS, de la Sala 3.\u00aa, en el  Recurso 4340\/2003). <\/p>\n\n\n\n

El arrendamiento de un solar sito en la  esquina de un estadio de f\u00fatbol est\u00e1 sujeto  al IVA si el objeto de dicho arrendamiento  no fue el solar sino la obra construida,  si el plazo del contrato empieza a  contarse desde que la obra se termina. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 18-11-2009 TS, Sala 3.\u00aa, Secc. 2.\u00aa;  la Ley 237\/387\/2009). <\/p>\n\n\n\n

IBI  <\/h4>\n\n\n\n

Del art\u00edculo 62.b 1 LRHL se deduce  que el legislador ha querido gravar con  el IBI toda clase de construcciones, en  sentido amplio, con abstracci\u00f3n de su  lugar de ubicaci\u00f3n, de su destino, de  los materiales que las configuren o de  la posibilidad de su traslado. Y se reputan  como edificios las instalaciones  comerciales e industriales, en la medida  en que sean equiparables a los mismos  por ser construcciones estables  en las que se desarrolle una actividad  de las clases citadas, describi\u00e9ndose,  como tales, de una forma enunciativa,  aunque no exhaustiva, los diques, tanques  y cargadores.  (Sentencia de 30-10-2009 TS, Sala 3.\u00aa de lo  Contencioso Administrativo, Secc. 2.\u00aa, en el Recurso  3921\/2003; la Ley juris. 317\/2010). <\/p>\n\n\n\n

Audiencia  de Catalu\u00f1a <\/span><\/h2>\n\n\n\n

El pacto entre dos copropietarios de una  vivienda protegida para ser utilizada esta  por el sistema de turnos entre ellos, no  es v\u00e1lido. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 24-3-2009 AP Barcelona, Secc. 1.\u00aa;  la Ley de 25-3-2010). 

El acuerdo adoptado en una comunidad  de propietarios por el que se prohib\u00eda la  instalaci\u00f3n de unos tubos de extracci\u00f3n  de humos por la fachada del inmueble  que se hab\u00edan llevado a cabo en el a\u00f1o  2007, ataca el principio de igualdad si  con anterioridad se hab\u00edan autorizado  obras de esta clase por la propia comunidad. 

(Sentencia 20-7-2009 AP L\u00e9rida, Secc. 2.\u00aa). 

Los derechos que a un c\u00f3nyuge le puedan  corresponder en relaci\u00f3n con una  vivienda familiar de la que no es titular  no proceden de su r\u00e9gimen econ\u00f3mico  matrimonial, sino del hecho del matrimonio,  pero ello no quiere decir que necesariamente  cuando hay un matrimonio  ambos esposos sean cotitulares, en igual  medida y con los mismos derechos sobre  el inmueble. Si uno de los esposos no  concierta el arrendamiento, tendr\u00e1 derechos  en relaci\u00f3n con el inmueble \u2014entre  ellos el de subrogaci\u00f3n\u2014, pero no ser\u00e1  contratante en el arrendamiento. Solo en  un supuesto este criterio puede ser  puesto en duda. Son los casos de arrendamiento  concertado por el marido  cuando, de acuerdo con una determinada  concepci\u00f3n sociol\u00f3gica y jur\u00eddica de  la familia, el esposo era el representante  de la esposa, quien no pod\u00eda obligarse  sin su consentimiento. En estos casos,  aunque la titularidad formal del contrato  de arrendamiento correspondiera al marido,  por la fecha de la celebraci\u00f3n del  contrato, y siendo el matrimonio anterior  al arrendamiento, la relaci\u00f3n arrendaticia  se entiende constituida a favor de ambos  c\u00f3nyuges y para el matrimonio, de modo  que ambos consortes son cotitulares del  contrato de arrendamiento, titularidad  que se mantiene al fallecimiento de uno  de ellos. 

(Sentencia 13-10-2009 AP Barcelona, Secc.  13.\u00aa, en el Recurso 832\/2008; la Ley juris.  479\/2010). 

En el caso, la solicitud de divisi\u00f3n, mediante  venta en subasta p\u00fablica, de la  vivienda protegida que ambos litigantes  hab\u00edan adquirido, debe ser resuelta de  manera afirmativa, porque las prohibiciones  de disponer contenidas en la  escritura de compraventa otorgada entre  la promotora y los litigantes, no tienen  car\u00e1cter absoluto, ya que en dicha  escritura se autoriza la venta si se reintegran  los beneficios recibidos, y, en  cualquier caso, el reconocimiento a la  administraci\u00f3n de un derecho de tanteo  y de retracto pone asimismo de manifiesto  la inexistencia de una verdadera  prohibici\u00f3n de disponer. Sin embargo,  es evidente que la venta de la vivienda  para hacer cesar la situaci\u00f3n de indivisi\u00f3n  ha de respetar las exigencias de la  legislaci\u00f3n propia de las VPO, tanto en  relaci\u00f3n a las personas que puedan adquirirla,  como en relaci\u00f3n al precio que  pueden pagar por ella, lo que determina  dos importantes consecuencias: 1) que  la administraci\u00f3n deber\u00e1 tener conocimiento  y autorizar la venta que se pretende  llevar a cabo, y 2) que el precio  m\u00e1ximo de la referida venta no puede  superar el establecido por la ley. La intervenci\u00f3n  de la administraci\u00f3n ser\u00e1  determinante no solo para que pueda  ejercitar, si lo estima oportuno, el derecho  de tanteo, sino tambi\u00e9n para controlar  la idoneidad de quien pretenda la  adjudicaci\u00f3n de la vivienda porque la  condici\u00f3n de adjudicatario de una VPO  requiere que se re\u00fanan determinados  requisitos, lo que excluye de la puja a  los subasteros profesionales y\/o a  quienes pretendan especular con la vivienda. 

(Sentencia 24-3-2009, AP Barcelona, Secc. 1.\u00aa,  en el Recurso 778\/2007; la Ley juris.  636\/2010).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PDF Tribunal Suprem PROPIEDAD INMUEBLE GENERAL Cofiador El cofiador que paga tiene el derecho a  reclamar a los dem\u00e1s su cuota parte aunque  no haya cubierto la totalidad de la deuda  y aunque no haya alcanzado la totalidad  de su cuota; lo contrario ser\u00eda ir contra la  naturaleza y la funci\u00f3n de la norma, cuya  […]<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":13},"categories":[66],"tags":[],"author_meta":{"display_name":"Clara Valls","author_link":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/author\/claravalls\/"},"featured_img":null,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2307\/"}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post\/"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13\/"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments\/?post=2307"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2307\/revisions\/"}],"predecessor-version":[{"id":2469,"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2307\/revisions\/2469\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/?parent=2307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories\/?post=2307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags\/?post=2307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}