{"id":2373,"date":"2010-09-10T22:20:35","date_gmt":"2010-09-10T21:20:35","guid":{"rendered":"http:\/\/revistaconsell.com\/?p=2373"},"modified":"2020-06-01T22:22:00","modified_gmt":"2020-06-01T21:22:00","slug":"la-responsabilidad-de-la-administracion-ante-un-valor-catastral-erroneo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/la-responsabilidad-de-la-administracion-ante-un-valor-catastral-erroneo\/","title":{"rendered":"La responsabilidad de la administraci\u00f3n ante un valor catastral err\u00f3neo"},"content":{"rendered":"\n\n\n\t
\n\n\t\t<\/i><\/span> PDF<\/a>\n\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\n

Sabido es que para se\u00f1alar el valor catastral de un inmueble y como consecuencia el impuesto de bienes inmuebles por el ayuntamiento correspondiente, es necesario que por la gerencia territorial competente se instruya un expediente al efecto.<\/p>\n\n\n\n

Pero \u00bfqu\u00e9 efectos se producir\u00edan si de este expediente, por tramitarse incorrectamente, resulta que dicho valor no era procedente?
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\u00bfPodr\u00e1 reclamar a la administraci\u00f3n el propietario perjudicado indemnizaci\u00f3n de perjuicio por tal motivo?<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

La Sentencia de 18 de noviembre de 2009 de la Secci\u00f3n 6.\u00aa de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional dictada en el Recurso 87\/2009, contesta afirmativamente a la pregunta en un supuesto en el que la reclamante pretend\u00eda que se le reconociese la indemnizaci\u00f3n de 69.609,68 euros, coincidente con las cantidades satisfechas por el IBI correspondiente a los a\u00f1os 2000 a 2003, debido al error en que incurri\u00f3 la Gerencia Territorial del Catastro de Tenerife al incluir como finca independiente la que estaba comprendida en una referencia catastral, siendo as\u00ed que la misma estaba comprendida en otra finca construida con otra referencia catastral distinta. Razona al efecto que un examen sucinto de los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la administraci\u00f3n permite concretarlos del siguiente modo: 1.\u00ba El primero es la lesi\u00f3n patrimonial equivalente a da\u00f1o o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o da\u00f1o emergente. Debiendo deducirse del examen de las sentencias TS 7-4-1989, 19-5-1989 y 19-12-1989, entre otras, que el criterio esencial para determinar la antijuridicidad del da\u00f1o o perjuicio causado a un particular por la aplicaci\u00f3n de un precepto legal o normativo debe ser el de si concurre o no el deber jur\u00eddico de soportar el da\u00f1o. Debiendo concluirse que para que el da\u00f1o concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijur\u00eddico basta con que el riesgo inherente a su utilizaci\u00f3n haya rebasado los l\u00edmites impuestos por los est\u00e1ndares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. Y que son numerosas las sentencias del Tribunal Supremo que han hecho hincapi\u00e9 en el car\u00e1cter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la administraci\u00f3n p\u00fablica, tales como las de 19-11-1994, 11-2-1995, 25-2-1995, 1-4-1995, 23- 5-1995, 24-10-1995, 8-11-1995, 16-4- 1996 y 10-6-2003, entre otras.<\/p>\n\n\n\n

  • El v\u00ednculo entre la lesi\u00f3n y el agente que la produce, es decir, entre el acto da\u00f1oso y la administraci\u00f3n, implica una actuaci\u00f3n del poder p\u00fablico en uso de potestades p\u00fablicas. Es decir, se exige la prueba de la causa concreta que determine el da\u00f1o o, lo que es lo mismo, de la conexi\u00f3n entre la actuaci\u00f3n administrativa y el da\u00f1o real ocasionado, como ponen de manifiesto las SSTS de 24-10-1985, 5-12-1985, 22- 7-1988, 6-2-1990 y 5-6-1998.<\/li>
  • Finalmente, la lesi\u00f3n ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debi\u00e9ndose dar el necesario nexo causal entre la acci\u00f3n producida y el resultado da\u00f1oso ocasionado. Es decir, el perjuicio ha de ser patrimonialmente evaluable y determinado o determinable con relaci\u00f3n a cada persona, pudi\u00e9ndose producir su cuantificaci\u00f3n definitiva en ejecuci\u00f3n de sentencia (STS de 5-6- 2001).<\/li>
  • Adem\u00e1s de estos requisitos, hay que tener en cuenta que la Sala 3.\u00aa del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (as\u00ed, SSTS 14-5-1994, 4-6-1994, 2 -7-1994, 27-9-1994, 7-11-1994, 19-11-1994, 11-2-1995, 25-2-1995, 28-2-1995, 1-4-1995 y 11-9-1995) que la responsabilidad patrimonial de la administraci\u00f3n, contemplada por los art\u00edculos 106.2 de la Constituci\u00f3n, 40 de la Ley de r\u00e9gimen jur\u00eddico de la Administraci\u00f3n del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de expropiaci\u00f3n forzosa, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuaci\u00f3n administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella se haya producido un da\u00f1o efectivo, evaluable econ\u00f3micamente e individualizado.<\/li>
  • Esta fundamental caracter\u00edstica impone que no solo no es menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un da\u00f1o han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio p\u00fablico se ha desenvuelto de manera an\u00f3mala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable extienden la obligaci\u00f3n de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios p\u00fablicos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n

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