{"id":2668,"date":"2010-12-10T15:15:30","date_gmt":"2010-12-10T14:15:30","guid":{"rendered":"http:\/\/revistaconsell.com\/?p=2668"},"modified":"2020-06-03T15:17:24","modified_gmt":"2020-06-03T14:17:24","slug":"la-jurisprudencia-al-dia-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/la-jurisprudencia-al-dia-5\/","title":{"rendered":"La jurisprudencia al d\u00eda"},"content":{"rendered":"\n\n\n\t
\n\n\t\t<\/i><\/span> PDF<\/a>\n\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\n

Tribunal  Supremo <\/span><\/h2>\n\n\n\n

PROPIEDAD INMUEBLE EN GENERAL<\/h4>\n\n\n\n

Bienes gananciales <\/strong><\/p>\n\n\n\n

No tienen car\u00e1cter ganancial los apartamentos  adquiridos por el marido despu\u00e9s  de dictarse la sentencia de primera instancia  en proceso de separaci\u00f3n, pero  antes de dictarse la de apelaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 17-3-2010, Sala 1.\u00aa TS, en el Recurso  864\/2006; Ley juris. 10745\/2010).<\/p>\n\n\n\n

Recurso de casaci\u00f3n <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El recurso de casaci\u00f3n no es admisible,  ya que la verdadera cuant\u00eda del asunto  no llena la exigencia del art\u00edculo 477.2.2.\u00ba  LEC (Ley 58\/2000) de que esta exceda  de 150.000 euros, porque, si es cierto  que en la demanda se fij\u00f3 como cuant\u00eda  del proceso la de 228.384 euros, cantidad  econ\u00f3mica reclamada conjuntamente  por todos los actores, no obstante se  trata de un supuesto de acumulaci\u00f3n  subjetiva de acciones \u2014art. 72 LEC\u2014 en  el cual en realidad son tres las ejercitadas,  nacidas de tres t\u00edtulos o contratos  de compraventa distintos aunque celebrados  con la misma parte vendedora,  reclam\u00e1ndose, por tanto, una indemnizaci\u00f3n  para cada uno de los tres compradores  que en ning\u00fan caso superar\u00eda los  150.000 euros, pero que indebidamente  se ha hecho objeto de una reclamaci\u00f3n  conjunta.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 3-3-2010, Sala 1.\u00aa TS, en el Recurso  1406\/2005; Ley juris. 10620\/2010)<\/p>\n\n\n\n

La jurisprudencia ha declarado que la  reducci\u00f3n del objeto litigioso en la segunda  instancia conlleva la correlativa  reducci\u00f3n de la cuant\u00eda litigiosa, que  queda entonces circunscrita a la materia  debatida en la apelaci\u00f3n y no comprende  aquella que, por una u otra raz\u00f3n, hubiese  devenido pac\u00edfica. De acuerdo con  esta doctrina, las incidencias acaecidas  durante el proceso que afectan a su objeto  \u2014tales como allanamientos parciales,  desistimientos parciales o el aquietamiento  de la actora a la sentencia de  primera instancia que estima parcialmente  la demanda\u2014 tienen relevancia en  orden a determinar la cuant\u00eda de la controversia  que abre la v\u00eda de los recursos  extraordinarios. Esta limitaci\u00f3n no puede  aplicarse cuando la reducci\u00f3n se lleve a  cabo por la sentencia de segunda instancia.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 4-3-2010, Sala 1.\u00aa TS, en el Recurso  1270\/2005; Ley juris. 10621\/2010)<\/p>\n\n\n\n

Compraventa de edificios y locales  y viviendas inhabitables<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ante el incumplimiento de la obligaci\u00f3n  de entrega de la cosa vendida, en el caso  de autos, un edificio de locales y viviendas  que resulta inhabitable debido al  deterioro provocado por la cimentaci\u00f3n  inadecuada, los compradores tienen opci\u00f3n  de utilizar diversas v\u00edas para resarcirse.  La primera, la acci\u00f3n de responsabilidad  decenal que les brindaba el  art\u00edculo 1591 CC \u2014anterior a la LOEdif.  La segunda, las acciones edilicias, inviables  si ha transcurrido el breve plazo de  caducidad de seis meses que impone el  art\u00edculo 1490 CC. La tercera, la acci\u00f3n  tendente a exigir el cumplimiento correcto,  que prev\u00e9 expl\u00edcitamente el art\u00edculo  1124 del mismo cuerpo legal. La cuarta,  conforme al mismo art\u00edculo 1124, la resoluci\u00f3n  siempre que el incumplimiento  sea esencial. La quinta, la indemnizaci\u00f3n  de dos a\u00f1os y perjuicios que contempla  el art\u00edculo 1101 CC. Respecto a la acci\u00f3n  de cumplimiento, se suma la doctrina del  aliud pro alio, que contempla una doble  situaci\u00f3n: que se haya entregado cosa  distinta a la pactada o que se haya entregado  cosa por su inhabilidad, provoque  una insatisfacci\u00f3n objetiva, es decir,  una completa frustraci\u00f3n del fin del contrato.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 25-2-2010 TS, Sala 1.\u00aa de lo Civil,  en el Recurso 1877\/2005; ley jur is.  10660\/2010).<\/p>\n\n\n\n

Ruina por vicios de la construcci\u00f3n <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El particular r\u00e9gimen transitorio de la  LOEdif ha hecho que en la actualidad  subsistan dos reg\u00edmenes diferenciados  de responsabilidad: el que se establece  a partir de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1591  CC, para las obras cuyos proyectos se  hab\u00eda solicitado licencia de edificaci\u00f3n  con anterioridad al d\u00eda 5 de mayo de  2000 \u2014fecha de entrada en vigor de la  citada Ley\u2014 y posterior a esta fecha. El  primero, regido por el art\u00edculo 1591 CC.  El segundo, por el art\u00edculo 17 LOEdif. Y  una cosa es que, aun no siendo directamente  aplicable esta Ley a los casos surgidos  con anterioridad a su entrada en  vigor, se tengan en cuenta principios  esenciales para interpretar de forma adecuada  la responsabilidad establecida en  el art\u00edculo 1591 CC, y otra distinta, aplicar  directamente una normativa prevista para  otros casos. Lo contrario supone crear un  problema donde no lo hab\u00eda, ni deb\u00eda haberlo,  dotando al sistema de una indudable  inseguridad jur\u00eddica.  (Sentencia 22-3-2010 TS, Sala 1.\u00aa de lo Civil;  Ley juris. 1110\/2010)  El art\u00edculo 1969 CC se\u00f1ala que el plazo  de prescripci\u00f3n de toda clase de acciones,  cuando no haya disposici\u00f3n especial  que otra cosa determine, se contar\u00e1 desde  el d\u00eda en que pudieron ejercitarse; y  para las acciones personales ese plazo  es de quince a\u00f1os, conforme al art\u00edculo  1964 CC. Es cierto que la LOEdif contiene  un plazo espec\u00edfico de prescripci\u00f3n  diferente al que el CC asocia a la acci\u00f3n  nacida del art\u00edculo 1591 CC, pero tambi\u00e9n  lo es que no es posible fraccionar  para aplicar a la responsabilidad decenal  el plazo de prescripci\u00f3n que delimita tales  responsabilidades y garant\u00eda, entendiendo  de una forma simple que ese  \u201ct\u00e9rmino especial\u201d a que se refiere el art\u00edculo  1964 es el previsto en el art\u00edculo  1964 y en el art\u00edculo 18 LOEdif, y que es  posible trasladarlo a una acci\u00f3n distinta,  cuando adem\u00e1s existe una norma espec\u00edfica  de derecho transitorio en la LOEdif  \u2014disposici\u00f3n transitoria primera\u2014 que  acota su aplicaci\u00f3n, salvo en materia de  expropiaci\u00f3n forzosa, a las obras de nueva  construcci\u00f3n y a obras en los edificios  existentes para cuyos proyectos se solicite  la correspondiente licencia de edificaci\u00f3n,  a partir de su entrada en vigor,  excluyendo por tanto su aplicaci\u00f3n retrospectiva.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 22-3-2010 TS, Sala 1.\u00aa de lo Civil,  en el Recurso 691\/2006; Ley juris. 1110\/2010).<\/p>\n\n\n\n

Compraventa de cosa inh\u00e1bil para su fin <\/strong><\/p>\n\n\n\n

La acci\u00f3n de saneamiento por vicios  ocultos no presupone necesariamente  un incumplimiento sustancial de la obligaci\u00f3n  de entrega, pues esta tiene por  objeto la cosa vendida en el estado en que se hallare al tiempo de la perfecci\u00f3n  del contrario \u2014art. 1468.1 CC\u2014 y,  en consecuencia, la acci\u00f3n por incumplimiento  cuando existe un aliud pro alio  no est\u00e1 sujeta al plazo de caducidad de  las acciones edilicias. Mediante esta  doctrina se remedian los abusos en que  se traducir\u00eda la aplicaci\u00f3n excluyente de  la acci\u00f3n de saneamiento, pues las acciones  redhibitoria y quanta minoris,  sujetas al plazo de caducidad establecido  en el art\u00edculo 1486 CC, resultan  inaplicables en aquellos supuestos en  que la demanda no se dirija a obtener  las reparaciones provenientes de los  vicios ocultos, sino las derivadas por  defectuoso cumplimiento al haber sido  hecha la entrega de cosa distinta o con  vicios que hagan impropio el objeto de  la compraventa para el fin a que se destina.  La doctrina aliud pro alio, aplicable  a los contratos mercantiles de suministro,  es aplicable en los casos en los que  el defecto del producto suministrado  consiste en un defecto de calidad de  suficiente gravedad para poder ser considerado  como determinante en un incumplimiento  del contrato, pues en este  supuesto no estamos en presencia de  un vicio oculto en la cosa entregada,  sino de un incumplimiento de las obligaciones  pactadas en el contrato.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 17-2-2010 TS, Sala 1.\u00aa de lo Civil,  en el Recurso 2579\/2005; Ley juris.  10630\/2010). <\/p>\n\n\n\n

PROPIEDAD VERTICAL Y ARRENDAMIENTOS<\/h2>\n\n\n\n

Subrogaci\u00f3n en el arrendamiento  por muerte o jubilaci\u00f3n del arrendatario<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el caso, la cuesti\u00f3n discutida se centra  en determinar si, fallecido el titular  firmante de un contrato de arrendamiento  de vivienda, el c\u00f3nyuge viudo debe  subrogarse en el contrato para continuar  en el arrendamiento o permanecer como  titular del mismo en calidad de arrendatario  originario pese a no ser el suscriptor  formal del contrato. La doctrina jurisprudencial  ha solventado las  discrepancias existentes en torno a esta  cuesti\u00f3n al declarar que el contrato de  arrendamiento concluido por uno de los  c\u00f3nyuges constante matrimonio no forma  parte de los bienes gananciales y se  rige por lo dispuesto en la LAU 1994 en  lo relativo a la subrogaci\u00f3n por causa de  muerte del c\u00f3nyuge titular del arrendamiento.  Y es que la concreci\u00f3n de la figura  del arrendatario resulta del propio contrato  de arrendamiento, generador de  derechos personales, independientemente  de que la vivienda arrendada tenga  como fin servir de domicilio conyugal o  del r\u00e9gimen matrimonial que pueda existir  entre los c\u00f3nyuges, lo que resulta plenamente  compatible con el r\u00e9gimen de  subrogaci\u00f3n existente en el art\u00edculo 58  LAU 1964, as\u00ed como en el art\u00edculo 16  LAU 1994. Por lo tanto, al no haberse  subrogado la viuda del arrendatario en el  periodo establecido en el citado art\u00edculo  16 LAU 1994, aplicable en virtud de lo  dispuesto en su disposici\u00f3n transitoria 2  B), procede declarar la inexistencia de  subrogaci\u00f3n y la resoluci\u00f3n del contrato.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 10-3-2010 TS, Sala 1.\u00aa de lo Civil,  en el Recurso 1275\/2005; Ley jur is.  10691\/2010)<\/p>\n\n\n\n

Repercusi\u00f3n del coste de los servicios  y suministros en orden a la resoluci\u00f3n  del contrato de arrendamiento <\/strong><\/p>\n\n\n\n

La causa resolutoria prevista en el art\u00edculo  114.1.\u00aa LAU 1964 comprende, en la actualidad,  el impago de los importes referidos  a servicios y suministros producidos a partir  de la entrada en vigor de la LAU 1994,  y porque el arrendatario est\u00e1 obligado a su  pago con car\u00e1cter peri\u00f3dico y una interpretaci\u00f3n  integradora de ambas normas lleva  a estimar su necesaria calificaci\u00f3n como  \u201ccantidad asimilada a la renta\u201d, seg\u00fan la  expresi\u00f3n utilizada por el art\u00edculo 114.1.\u00aa  LAU 1964. Una interpretaci\u00f3n diferente  obligatoria a forzar al arrendador a iniciar  procedimientos sucesivos de reclamaci\u00f3n  contra el arrendatario incumplidor respecto  de una obligaci\u00f3n peri\u00f3dica de la que  debe responder durante la vigencia del  contrato, lo que exige su necesaria asimilaci\u00f3n  a estos efectos a la obligaci\u00f3n de  pago de la renta.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 10-3-2010 TS, Sala 1.\u00aa de lo Civil,  en el Recurso 813\/2005; Ley jur is.  10690\/2010).<\/p>\n\n\n\n

Propiedad horizontal <\/h4>\n\n\n\n

Estructura inmueble<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El TS declara como doctrina jurisprudencial  que dentro de lo que se denomina  \u201cestructura del inmueble\u201d se incluye todo  lo que forma parte de la armadura de f\u00e1brica  del edificio, como los forjados, y la  posibilidad de que cualquier propietario  pueda modificar en ella es contraria no  solo a la copropiedad, por lo que requiere  la autorizaci\u00f3n un\u00e1nime de la junta de propietarios.  Contraviniendo la jurisprudencia  citada, la instalaci\u00f3n en el techo de una  plaza de garaje situada en el s\u00f3tano de un  centro nodal de recepci\u00f3n y redistribuci\u00f3n  de productos mediante cable de fibra \u00f3ptica,  colocando dos cajones met\u00e1licos colgados,  de cuyo interior salen ocho tubos  que acceden a la planta superior a trav\u00e9s  de los elementos de forjado.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 17-12-2010 TS, Sala 1.\u00aa, en el Recurso  1958\/2005; Ley juris. 868\/2010) <\/p>\n\n\n\n

URBANISMO<\/h4>\n\n\n\n

Suelo urbano a efectos valoraci\u00f3n  para expropiaci\u00f3n <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Si bien la clasificaci\u00f3n de un terreno  como suelo urbano constituye un imperativo  legal y no queda al arbitrio de la  administraci\u00f3n planificadora sino que  debe ser definido en funci\u00f3n de la realidad  de los hechos, a la hora de considerar  la suficiencia o idoneidad de los servicios  urban\u00edsticos de que debe estar  dotado el suelo urbano, la jurisprudencia  no solo considera necesarias las dotaciones  esenciales de acceso rodado,  abastecimiento de agua, evacuaci\u00f3n de  aguas residuales y suministro de energ\u00eda  el\u00e9ctrica, sino que precisa que las mismas  han de poseer las caracter\u00edsticas  adecuadas para servir a la edificaci\u00f3n  que sobre ellos exista o haya de construirse;  que tales dotaciones las proporcionen  los servicios correspondientes y  que el suelo se encuentre inserto en la  malla urbana, es decir, que exista una  urbanizaci\u00f3n b\u00e1sica constituida por unas  v\u00edas perimetrales y unas redes de suministro  de agua, energ\u00eda el\u00e9ctrica y saneamiento  de que puedan servirse los  terrenos, y que estos, por su situaci\u00f3n,  no est\u00e9n desligados del entramado urban\u00edstico  ya existente.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 3-2-2010 TS, Sala 3.\u00aa, Secci\u00f3n 6.\u00aa,  en el Recurso 5334\/2001; Ley juris. 858\/2010)<\/p>\n\n\n\n

Normas complementarias y subsidiarias    <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cuando se trata de normas subsidiarias  de planeamiento contempladas en el art\u00edculo 91.b RPU para clasificar suelo,  delimitar su \u00e1mbito y establecer su r\u00e9gimen,  supliendo as\u00ed al plan general de  ordenaci\u00f3n urbana, han de contener el  correspondiente estudio econ\u00f3mico financiero,  pues su falta no solo constituir\u00eda  una infracci\u00f3n de lo establecido en  los art\u00edculos 12.2.b y 3.e LS 1976 y 42  RPU, sino porque produce indefensi\u00f3n  para los interesados, que carecer\u00edan de  la base indispensable a fin de poder  combatir las apreciaciones financieras  que son necesarias para la efectividad  de las indicadas normas subsidiarias, que  en el supuesto de autos cambia la clasificaci\u00f3n  y calificaci\u00f3n del suelo.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 23-12-2009 TS, Sala 3.\u00aa de lo Contencioso-  administrativo, Secci\u00f3n 5.\u00aa, en el Recurso  5094\/2005; Ley juris. 856\/2010)<\/p>\n\n\n\n

Suelo no urbanizable <\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el caso, la Sala de instancia justifica  la clasificaci\u00f3n del suelo de la recurrente  como no urbanizable de protecci\u00f3n de  riberas y cauces porque, seg\u00fan el dictamen  de impacto ambiental, dicho suelo  es inundable, hecho que, aun discutido y  negado por la representaci\u00f3n procesal  de la entidad recurrente, no cabe dudar  de \u00e9l ante la categ\u00f3rica afirmaci\u00f3n contenida  en la Sentencia recurrida, que se  corrobora con las previsiones del plan de  acci\u00f3n territorial sobre prevenci\u00f3n de  riesgos de inundaci\u00f3n, aun cuando este  plan, al aprobarse definitivamente el planeamiento  municipal impugnado, se encontrase  en tramitaci\u00f3n. El hecho de que  en una peque\u00f1a porci\u00f3n de terreno  cuente con industria no implica que tenga  que ser clasificado como urbanizable  cuando est\u00e1 afectado, al igual que el resto  de la ribera del r\u00edo, por el riesgo de  inundaciones, de modo que no hay raz\u00f3n  para excluir esa parte del terreno del  mismo tratamiento que corresponde al  resto que soportan id\u00e9ntico riesgo.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 2-2-2010 TS, Sala 3.\u00aa de lo Contencioso-  administrativo, Secci\u00f3n 5.\u00aa, en el Recurso  5866\/2005; Ley juris. 937\/2010).<\/p>\n\n\n\n

Suelo <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El control de la discrecionalidad administrativa  en el orden urban\u00edstico impone  que en el ejercicio de potestad discrecional,  como presupuesto de legitimaci\u00f3n,  se han de explicar las razones que determinan  la decisi\u00f3n. Y esta justificaci\u00f3n  ha de hacerse con criterios de racionalidad  expresados en la memoria. Solo as\u00ed  se puede diferenciar la discrecionalidad  de la pura arbitrariedad. Cuando se trata  de controlar la discrecionalidad del planeamiento,  y teniendo en cuenta la incuestionable  exigencia de justificaci\u00f3n y  motivaci\u00f3n de las alteraciones del planeamiento  en que forzosamente se concreta  la memoria, la motivaci\u00f3n espec\u00edfica  de cada determinaci\u00f3n del plan no  puede ser realizada con la exhaustividad  que postula la recurrente. Ha de ser una  justificaci\u00f3n de trazos gruesos que preste  cobertura a las espec\u00edficas l\u00edneas y  pliegues concretos de la reforma, de manera  que estos solo adquieran sentido y  significado por referencia a aquella.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 26-2-2010 TS, Sala 3.\u00aa, Secci\u00f3n 5.\u00aa,  en el Recurso 82\/2006; Ley juris. 1006\/2010).<\/p>\n\n\n\n

EXPROPIACIONES<\/h4>\n\n\n\n

Justo precio <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El c\u00e1lculo efectuado por el perito para  hallar el valor inicial, punto de partida del  residual en funci\u00f3n de la media aritm\u00e9tica  entre el correspondiente a la vivienda  de protecci\u00f3n oficial y el de la vivienda  residencial, est\u00e1 justificado por la falta  de un sector residencial suficientemente  acreditado, ya que se toma por el perito  el correspondiente al que consta en publicaciones  peri\u00f3dicas referido a la fecha  de referencia del justiprecio.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 10-3-2010 TS, Sala 3.\u00aa, Secci\u00f3n 6.\u00aa,  en el Recurso 5672\/2006; Ley juris.  10759\/2010) <\/p>\n\n\n\n

LEY DE COSTAS<\/h4>\n\n\n\n

Deslinde <\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el caso, se confirma la denegaci\u00f3n a  un ayuntamiento de la concesi\u00f3n para la  ocupaci\u00f3n de terrenos de dominio p\u00fablico  mar\u00edtimo-terrestre con destino a la  legalizaci\u00f3n del camping municipal e instalaci\u00f3n  del centro de actividades de  ocio y turismo. En efecto, el Tribunal a  quo ha infringido lo establecido en la disposici\u00f3n  transitoria 4.\u00aa LC, en relaci\u00f3n  con el art\u00edculo 32.1 y 2, ya que, en contra  del parecer de dicho Tribunal sentenciador,  no hay otro inter\u00e9s p\u00fablico que el  reconocido en la vigente Ley de costas,  que proh\u00edbe la ocupaci\u00f3n del dominio  p\u00fablico mar\u00edtimo-terrestre por construcciones  o edificaciones destinadas a residencia  o habitaci\u00f3n y solo la permite  para actividades o instalaciones que, por  su naturaleza, no pueden tener otra ubicaci\u00f3n,  de manera que no cabe considerar  de inter\u00e9s p\u00fablico aquellos usos que  la Ley proh\u00edbe o que impiden el uso general  de este dominio p\u00fablico. As\u00ed lo ha  declarado inequ\u00edvocamente esta Sala del  Tribunal Supremo al expresar categ\u00f3ricamente  que el aut\u00e9ntico inter\u00e9s p\u00fablico  no es otro que el de la protecci\u00f3n del  dominio p\u00fablico mar\u00edtimo-terrestre, tal  cual lo contempla la propia Ley, aunque  no permite otras ocupaciones del mismo  que no sean para actividades o instalaciones  que no puedan, por su naturaleza,  tener otra ubicaci\u00f3n (no es el caso de un  camping y de un centro de actividades  de ocio y turismo activo) y que proh\u00edbe  cualquier edificaci\u00f3n o construcci\u00f3n destinada  a residencia o habitaci\u00f3n (cual  son las instalaciones para las que se pidi\u00f3  la concesi\u00f3n).  (Sentencia 17-2-2010 TS, Sala 3.\u00aa de lo Contencioso-  administrativo, en el Recurso  7583\/2005; Ley juris. 1223\/2010).  Las inscripciones registrales carecen de  virtualidad frente al car\u00e1cter demanial de  los bienes de dominio p\u00fablico naturales.  La existencia de un deslinde anterior no  es obst\u00e1culo para la realizaci\u00f3n de uno  nuevo, de conformidad con lo establecido  en los art\u00edculos 11 y 12 y disposici\u00f3n  transitoria 1.\u00aa 4 LC. El nuevo deslinde no  alter\u00f3, en este punto concreto, el de  1961, ya que el v\u00e9rtice de que se trata  sigue en el mismo sitio, sin perjuicio de  que las caracter\u00edsticas f\u00edsicas del sitio  hayan variado como consecuencia de la  desembocadura al mar del arroyo.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 9-3-2010 TS, Sala 3.\u00aa de lo Contencioso-  administrativo, Secci\u00f3n 5.\u00aa, en el Recurso  835\/2006; Ley juris. 1093\/2010).<\/p>\n\n\n\n

Audiencias  Catalu\u00f1a <\/span><\/h2>\n\n\n\n

Pensi\u00f3n alimenticia del hijo mayor  de edad <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Si el hijo tiene treinta a\u00f1os de edad y abandon\u00f3  los estudios que le permit\u00edan obtener  la titulaci\u00f3n que le permit\u00eda incorporarse al  mundo laboral, se extingue la pensi\u00f3n alimenticia.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 2-12-2009, Secci\u00f3n 18.\u00aa AP Barcelona,  en el rollo 159\/2009, en RJC 2010, p. 608)uan<\/p>\n\n\n\n

Capacidad para ser parte<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La disoluci\u00f3n de una sociedad mercantil  comporta forzosamente la pervivencia de  su personalidad jur\u00eddica en tanto que dure  la liquidaci\u00f3n, de tal modo que su extinci\u00f3n  y subsiguiente cancelaci\u00f3n de los asientos  registrales no se produce sino con una finalizaci\u00f3n  total de las operaciones liquidatorias,  como ocurr\u00eda cuando estaba pendiente  de elevaci\u00f3n a escritura p\u00fablica un  contrato privado que otorg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

(Auto 20-11-2009, Secci\u00f3n 16, AP Barcelona,  en RJC 2010, II, p. 405)<\/p>\n\n\n\n

Compraventa de finca r\u00fastica <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Es nulo el negocio de compraventa de finca  r\u00fastica por indeterminaci\u00f3n del precio  el vulnerar la norma imperativa de la Ley  19\/1995 que proh\u00edbe la divisi\u00f3n de finca  r\u00fastica de superficie inferior a la unidad  m\u00ednima de cultivo.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 23-12-2009, Secci\u00f3n 1.\u00aa AP Barcelona,  en RJC 2010, II, p. 400)<\/p>\n\n\n\n

La tenencia de otra vivienda en propiedad  como causa de excepci\u00f3n a  la pr\u00f3rroga forzosa en los contratos  de arrendamiento anteriores a la  LAU vigentes de 24-11-1994  <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Aunque es posible el ejercicio de una profesi\u00f3n  en la vivienda, ello no supone que el  inquilino y su familia se hayan trasladado a  otra distinta, dejando la inicial como sede  de una actividad mercantil. No es posible  estar a la espera de volver a recalificar la  misma al cabo de un tiempo.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 2-11-2009, Secci\u00f3n 13.\u00aa AP. Barcelona,  en R.J.C. 2010)<\/p>\n\n\n\n

Pensi\u00f3n alimenticia a hijos mayores  de edad <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cuando se trata de alimentos fijados en los  procesos de \u00edndole matrimonial, debe tenerse  en cuenta el art\u00edculo 76 del Codi de  Fam\u00edlia en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 259 y  siguientes del citado texto legal, ya que el  hecho objetivo de la mayor\u00eda de edad no  implica la supresi\u00f3n de los alimentos si los  hijos no gozan de suficiente independencia  econ\u00f3mica, concepto que se entiende  como la capacidad para atender a su sustentamiento,  habitaci\u00f3n y prestaci\u00f3n sanitaria.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 23-12-2009, Secci\u00f3n 12.\u00aa AP Barcelona;  en el rollo 603\/2009; en RJC 2010, II,  p. 606)<\/p>\n\n\n\n

Pr\u00f3rroga del contrato de arrendamiento  pactado despu\u00e9s de la LAU  vigente de 24-11-1994 <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para evitar que opere la pr\u00f3rroga obligatoria  establecida en el art\u00edculo 10, es  necesaria la notificaci\u00f3n de cualquiera  de las partes a la otra de su voluntad de  no renovar con una antelaci\u00f3n superior  al menos al plazo de un mes a la fecha  de vencimiento del contrato. Atendida la  literalidad del precepto, no cabe hablar  de interpretaci\u00f3n m\u00e1s o menos restrictiva  o estricta del mismo, ya que el precepto  utiliza conceptos objetivos y de  interpretaci\u00f3n un\u00edvoca; as\u00ed se refiere a  una concreta fecha (el d\u00eda de finalizaci\u00f3n  del contrato) indicando un concreto plazo  (un mes), plazo sobre el que no cabe  otra interpretaci\u00f3n que la legal recogida  en el art\u00edculo 5 del C\u00f3digo Civil (si los  plazos estuviesen fijados por meses o  por a\u00f1os, se computar\u00e1n de fecha a fecha).  Por otra parte, como puede observarse,  la Ley no establece una forma  especial para dicha notificaci\u00f3n, as\u00ed no  requiere la fehaciencia, ni siquiera exige  la forma escrita.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 22-9-2009, Secci\u00f3n 13.\u00aa AP Barcelona;  en RJC 2010,1, p. 16)<\/p>\n\n\n\n

Da\u00f1os causados por el ascensor <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Habi\u00e9ndose concluido que los da\u00f1os causados  en el ascensor tengan causa directa  en un deficiente estado de las instalaciones  de la vivienda o en cualquier otro  elemento incluido en su continente, y constando  que el origen del da\u00f1o se encuentra  en una actuaci\u00f3n aislada del arrendatario,  no alcanza ninguna responsabilidad al propietario  del inmueble, imput\u00e1ndose la misma  al arrendatario, por lo que ha de excluirse  la obligaci\u00f3n de aquel con la reparaci\u00f3n  del ascensor.  (Sentencia 20-1-2010, Secci\u00f3n 1.\u00aa AP Girona;  Llei de 10-6-2010)<\/p>\n\n\n\n

Cesi\u00f3n y subarriendo <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Un inquilino o arrendatario puede alojar  circunstancialmente a un amigo o familiar  sin que ello suponga cesi\u00f3n parcial ni causa  de resoluci\u00f3n del arrendamiento.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 16-12-2009, Secci\u00f3n 4.\u00aa AP Barcelona;  en RJC 2010, II, p. 319)<\/p>\n\n\n\n

Actividades prohibidas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para delimitar el concepto de actividades  molestas, a los efectos previstos en el art\u00edculo  7.2 LPH, se ha entendido por tales las  que suponen unas molestias superiores a la  que vienen impuestas por la relaci\u00f3n de vecindad;  esto es, m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites tolerables  y asumibles por la comunidad por ser  contrarios a la buena disposici\u00f3n de las cosas  para el uso normal que de hacerse de  aquellas, impidiendo a los dem\u00e1s propietarios  el adecuado uso de los elementos comunes  y de sus derechos. En el caso, la  actividad desarrollada por la entidad demandada,  consistente en la tenencia y cr\u00eda de  palomas en el patio comunitario de uso exclusivo,  debe considerarse molesta para los  comuneros, en base a los elementos siguientes:  a) la actividad constituye verdadera  incomodidad por los ruidos que produce,  as\u00ed como por los olores; y ello asimismo se  desprende de la informaci\u00f3n vecinal; b) su  lugar es relevantemente cercano a dependencias  habitadas; c) la concesi\u00f3n de licencia  no impide el ejercicio de las acciones  civiles correspondientes; d) tal actividad no  es meramente espor\u00e1dica u ocasional y ha  sido objeto de reiteradas denuncias con  apertura de dos expedientes municipales; e)  los certificados acreditan la sanidad higi\u00e9nica  de las palomas, pero no que no produzcan  molestias, ruidos, olores y suciedad; y f)  no consta solicitud ni autorizaci\u00f3n de la comunidad  de propietarios. En consecuencia,  debe estimarse la demanda formulada por  dicha comunidad condenando a la demandada  a cesar en su actividad.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 17-11-2009, AP de les Illes Balears,  Secci\u00f3n 5.\u00aa; en el Recurso 479\/2009; Ley juris.  1072\/2010)<\/p>\n\n\n\n

Tenencia de otra vivienda en propiedad  como causa de excepci\u00f3n a la  pr\u00f3rroga por necesidad <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Es aplicable la causa de excepci\u00f3n a la pr\u00f3rroga  forzosa de arrendamiento al amparo  del art\u00edculo 62.5 LAU de 1964, la tenencia  de una vivienda en propiedad aunque esta  la ostente la esposa del arrendatario y pueda  ser ocupada.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 28-12-2009, Secci\u00f3n 1.\u00aa AP Girona;  Llei de 17-6-2010)<\/p>\n\n\n\n

Legitimaci\u00f3n del nudo propietario <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El nudo propietario de una parte de la finca  est\u00e1 legitimado para ejercitar la acci\u00f3n en  defensa de los derechos comunitarios por  ser un acto de administraci\u00f3n ordinaria seg\u00fan  el C\u00f3digo Civil de Catalu\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 20-10-2009, Secci\u00f3n 13.\u00aa AP  Barcelona; en RJC 2010, I, p. 30)<\/p>\n\n\n\n

Impugnaci\u00f3n de acuerdos en el r\u00e9gimen  de propiedad horizontal en  Catalu\u00f1a<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dispuesto en el art\u00edculo 523-24 del C\u00f3digo  Civil de Catalu\u00f1a y por lo que aqu\u00ed interesa  (no hab\u00eda impugnado judicialmente  do\u00f1a Carmen en la fecha de celebraci\u00f3n  de la junta las cuentas comunitarias, ni hab\u00eda  consignado por v\u00eda judicial o notarial el  importe adeudado), solo tienen derecho de  voto los propietarios que se hallen al corriente  en el pago de las cuotas, en coherencia  con lo cual el art\u00edculo 513-31-2  niega a sensu contrario legitimaci\u00f3n para  impugnar los acuerdos a los comuneros  morosos. No otra conclusi\u00f3n cabe alcanzar  a la vista de que este \u00faltimo precepto, salvo  que el acuerdo sea contrario a \u201clas leyes\u201d,  en cuyo caso \u201cpuede impugnarlo todo  propietario o propietaria\u201d, solo confiere dicha  acci\u00f3n 1.\u00aa) a los propietarios que han  votado en contra; 2.\u00aa) a los ausentes que  no se hayan adherido en la forma presunta  que prev\u00e9 el art\u00edculo 553-26-2 y III a los  que hubieran sido privados ileg\u00edtimamente  al derecho de voto. Cualquier otra interpretaci\u00f3n  a la que propugnamos no nos parece  sostenible a la vista del tenor y sistem\u00e1tica  de los antedichos preceptos y,  teniendo en cuenta, adem\u00e1s, que el  pre\u00e1mbulo de la Ley 5\/2006, de 10 de  mayo, dice adoptar \u201cel modelo de la Ley  49\/19960, de 21 de julio, sobre propiedad  horizontal\u201d, \u201cactualiz\u00e1ndolo\u201d e introduciendo  \u201cvarias mejoras\u201d adaptadas \u201ca las necesidades  que la experiencia de los a\u00f1os y la  evoluci\u00f3n de la legislaci\u00f3n hac\u00edan imprescindibles  [\u2026]. Partiendo de tan clara declaraci\u00f3n  de intenciones, resulta impensable  que el legislador catal\u00e1n haya querido  reconocer el derecho de impugnaci\u00f3n a los  propietarios morosos, a quienes de forma  expresa niega, en cambio, el de voto. Ello  supondr\u00eda en definitiva una insalvable incoherencia  y un inexplicable retroceso  respecto del avance que supuso en su d\u00eda  la reforma de la LPH operada mediante la  Ley estatal 8\/1999, en la \u201clucha contra la  morosidad\u201d en las comunidades de propietarios  y en respuesta a lo que en su exposici\u00f3n  de motivos se calificaba como \u201cuna  de las grandes demandas de la sociedad\u201d.  Y se ha de recordar, por \u00faltimo, que no  contempla el art\u00edculo 553-31-2 del C\u00f3digo  Civil de Catalu\u00f1a la precisi\u00f3n que se contiene  en el art\u00edculo 18 LPH respecto a la  impugnabilidad aun por los propietarios  morosos de los acuerdos \u201crelativos al establecimiento  o alteraci\u00f3n de las cuotas de  participaci\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 9.<\/p>\n\n\n\n

(Sentencia 15-12-2009, Secci\u00f3n 16.\u00aa AP Barcelona;  en RJC 2010) .<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PDF Tribunal  Supremo  PROPIEDAD INMUEBLE EN GENERAL Bienes gananciales  No tienen car\u00e1cter ganancial los apartamentos  adquiridos por el marido despu\u00e9s  de dictarse la sentencia de primera instancia  en proceso de separaci\u00f3n, pero  antes de dictarse la de apelaci\u00f3n.  (Sentencia 17-3-2010, Sala 1.\u00aa TS, en el Recurso  864\/2006; Ley juris. 10745\/2010). Recurso de casaci\u00f3n  El recurso […]<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":15},"categories":[66],"tags":[],"author_meta":{"display_name":"Clara Valls","author_link":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/author\/claravalls\/"},"featured_img":null,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2668\/"}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post\/"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13\/"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments\/?post=2668"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2668\/revisions\/"}],"predecessor-version":[{"id":2669,"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2668\/revisions\/2669\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/?parent=2668"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories\/?post=2668"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistaconsell.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags\/?post=2668"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}